No es la primera vez que el Estado y el Municipio se encuentran en el banquillo de los acusados por actos que tienen que ver con la (mala) aplicación de la justicia.
Los organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado a lo largo de los años una buena cantidad de asuntos que se vinculan con torturas, asesinatos, secuestros y vejaciones, todas ellas ligadas con una mala actuación de las instituciones que tienen la obligación de brindarnos seguridad y justicia.
Los casos se pueden enumerar dado que la mayoría de estos asuntos son expedientes abiertos. Por citar algunos, se pueden incluir las vejaciones y asesinatos en la Sierra Tarahumara por miembros de la milicia; las ejecuciones de periodistas; los Feminicidios; la pésima investigación y juicio oral en el caso Rubí Frayre, así como la muerte de Marisela Escobedo, madre de Rubí; además las miles de ejecuciones de hombres y mujeres en la confrontación de las mafias del narcotráfico.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional, son organismos internacionales que gozan de un prestigio en cuanto a sus recomendaciones. Los organismos no son puros en cuanto a sus juicios, ya que basan gran parte de sus recomendaciones en los organismos no gubernamentales y en las Comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos.
Algunas ocasiones envían relatores y a personal especializado que analiza los casos en base a entrevistas y a la consulta de documentos judiciales y prejudiciales.
Parte de su prestigio es su ubicación geográfica, HRW opera directamente en Washington y ejerce una presión internacional que es digna de ser tomada en cuenta; recomendaciones de ese organismo de Derechos Humanos, han sido factores decisivos en la toma de decisiones en países que tienen fama de violar los derechos humanos.
Que ese organismo atienda un caso específico sobre ciudad Juárez, no puede ser tomado como un hecho aislado. No es una manifestación callejera de Pedro Matus, el líder del PT; no son los gritos estridentes de Antorcha Popular; no se trata de las demagógicas manifestaciones del ‘adolescente’ mental Miguel Fernández Iturriza y la caterva de agrupaciones ‘patito’ que ha adoptado el ambicioso empresario para gritar junto con él; no es el reclamo elegante de la dama del buen vestir, Vicky Caraveo o la seriedad fingida del Yeti de los derechos humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson.
No, HRW no es una banda de cholos, ni intenta derrocar al PRI (anticipándonos a las posibles reacciones de los políticos chihuahuenses). La organización está condenando una realidad que no se puede objetar.
Está pidiendo que “las autoridades federales de México” asuman de inmediato una investigación por la desaparición de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal.
Los ojos de los funcionarios de Human Rights Watch están puestos en la figura del flamante jefe de la Policía Municipal, el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola a quien le recuerdan su paso por Baja California.
De hecho, a la autoridad de esa entidad de la república mexicana, le solicita “una exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, actual jefe de policía de Ciudad Juárez”.
El documento, perfectamente bien redactado en Inglés y el Español, refiere el caso específico turnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, cuyos hechos se registraron el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuando cuatro civiles -Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22- fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua y ya no aparecen.
Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados.
"Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación".
Los familiares de las víctimas encontraron la camioneta pick-up abandonada el 27 de marzo, a la 1 a.m., en un túnel a varias millas de distancia del lugar donde habían sido detenidas. La matrícula del vehículo había sido quitada y las llaves se encontraban en el piso, dentro de la camioneta.
En declaraciones públicas, la Fiscalía General del Estado informó que está investigando el caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía. A su vez, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, señaló que ordenó al departamento de asuntos internos del ayuntamiento que investigara el caso. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a Human Rights Watch que los investigadores del estado no habían adoptado medidas enérgicas para recabar pruebas y aún no habían interrogado a todos los policías de las unidades mencionadas.
EL TIEMPO PASA
A diez días de la desaparición forzada, el departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero, dice el documento.
Lo delicado ha sido la postura del propio Leyzaola, que ante los medios de comunicación expresó que su basta experiencia lograría sacar la verdad sobre esta desaparición y pidió tiempo.
Aseguró que las ‘entrevistas’ a los miembros de los policías que han sido mencionados, se lograría conocer qué fue lo que ocurrió en la desaparición de los cuatro jóvenes, entre ellos dos ingenieros, dedicados a la venta de celulares.
Con una posición laxa y sin ninguna preocupación respondió también el alcalde Murguía, quien solicitó al Secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelus, un hombre con ‘autismo político’, que se encargara de atender a los familiares de las personas desaparecidas.
De allí viene la angustia, que entre el chacoteo y el laxismo y la falta de atención de la fiscalía, han pasado 10 días y nada se sabe de los jóvenes que fueron detenidos y, presuntamente plagiados, por los agentes de la policía municipales.
Dos agentes del grupo Delta, miembros de la escolta de Leyzaola, están siendo mencionados en la lista de ‘secuestradores’ y, hasta hoy, siguen trabajando, pero no al servicio del Secretario que inmediatamente tomó previsiones y decidió reforzar su grupo de vigilancia con gente más confiable.
Lo paradójico de este asunto, es que el famoso y siniestro Grupo Delta, lleva el nombre a consideración del alcalde, ya que es una de las denominaciones empresariales que forman parte del consorcio de Héctor Murguía.
El nombre no procede de esta administración sino de la ocasión en que Murguía fue alcalde; el grupo Delta fue el que encabezó la agresión y enfrentamiento contra una familia de empleados de maquiladora y ex militar, que concluyó con la muerte de un policía y tres miembros de esa familia.
GOBIERNOS A PRUEBA
Las respuestas que a partir de hoy se den a los medios de comunicación, marcarán la ruta exacta de lo que es el pensamiento y la concepción que de justicia tienen el gobernador del Estado, César
Duarte y el alcalde Héctor Murguía Lardizábal.
La cultura de la legalidad es eso: crear el andamiaje de la respuesta social y generar los espacios de justicia para que la gente crea que las cosas han cambiado. Que apliquen la ley.
Basta recordar que según varias víctimas entrevistadas por Human Rights Watch, Leyzaola habría tenido participación directa en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas.
En un informe difundido en agosto de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California llegó a una conclusión similar y determinó que cinco personas habían sido detenidas en forma arbitraria por policías que dependían de Leyzaola, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron e inventaron pruebas falsas en su contra. El informe señala que Leyzaola no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes.
El documento de HRW establece que Leyzaola renunció a su cargo como titular de seguridad pública en Baja California en febrero de 2011. En marzo, fue designado jefe de policía de Ciudad Juárez por el alcalde Murguía Lardizábal. "Estamos aportando a una persona que tiene la experiencia, que tiene la honestidad, que tiene la capacidad de aportar lo mejor de sí para que se combata la inseguridad en Juárez", declaró el alcalde durante el nombramiento de Leyzaola. Agregó además que Leyzaola era "un hombre que ha dado resultados".
Las acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general, señaló Human Rights Watch.
"Es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura", expresó Vivanco.
"Transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos".
¿DÓNDE ESTÁN?
Y a la verdad, que se vaya o no Leyzaola es secundario a la otra prioridad en este momento: ¿dónde están los cuatro jóvenes secuestrados por la policía municipal?
Esa prioridad debe de ser respondida en forma inmediata. No podemos escuchar el día de hoy la absurda versión de que los policías acusados del ‘levantón’ han huido y están excluidos de la acción de la justicia como suele suceder.
Imperdonable sería que el día de hoy, los gobernantes salgan con evasivas o con el absurdo de que la Contraloría de Asuntos Internos (del mismo municipio) no ha concluido la investigación o que, los métodos científicos de Leyzaola, están en proceso.
No podemos hoy escuchar que la vedete que pusieron como fiscal, Jorge González Nicolás o el cholo que nombraron como Fiscal General, Carlos Manuel Salas, digan que “se está investigando” y que se tienen ya “avances sustentables y firmes” (como dijeron con el caso Rubí y Marisela Escobedo).
La respuesta hoy, es qué ocurrió; qué participación tuvieron los policías municipales y quién ordenó el levantón.
Para vaguedades y absurdos, sintonizamos CNN Latinoamérica para saber lo que está declarando Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro.
Escriba a Rafael Navarro dirjua@prodigy.net.mx
Los organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado a lo largo de los años una buena cantidad de asuntos que se vinculan con torturas, asesinatos, secuestros y vejaciones, todas ellas ligadas con una mala actuación de las instituciones que tienen la obligación de brindarnos seguridad y justicia.
Los casos se pueden enumerar dado que la mayoría de estos asuntos son expedientes abiertos. Por citar algunos, se pueden incluir las vejaciones y asesinatos en la Sierra Tarahumara por miembros de la milicia; las ejecuciones de periodistas; los Feminicidios; la pésima investigación y juicio oral en el caso Rubí Frayre, así como la muerte de Marisela Escobedo, madre de Rubí; además las miles de ejecuciones de hombres y mujeres en la confrontación de las mafias del narcotráfico.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional, son organismos internacionales que gozan de un prestigio en cuanto a sus recomendaciones. Los organismos no son puros en cuanto a sus juicios, ya que basan gran parte de sus recomendaciones en los organismos no gubernamentales y en las Comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos.
Algunas ocasiones envían relatores y a personal especializado que analiza los casos en base a entrevistas y a la consulta de documentos judiciales y prejudiciales.
Parte de su prestigio es su ubicación geográfica, HRW opera directamente en Washington y ejerce una presión internacional que es digna de ser tomada en cuenta; recomendaciones de ese organismo de Derechos Humanos, han sido factores decisivos en la toma de decisiones en países que tienen fama de violar los derechos humanos.
Que ese organismo atienda un caso específico sobre ciudad Juárez, no puede ser tomado como un hecho aislado. No es una manifestación callejera de Pedro Matus, el líder del PT; no son los gritos estridentes de Antorcha Popular; no se trata de las demagógicas manifestaciones del ‘adolescente’ mental Miguel Fernández Iturriza y la caterva de agrupaciones ‘patito’ que ha adoptado el ambicioso empresario para gritar junto con él; no es el reclamo elegante de la dama del buen vestir, Vicky Caraveo o la seriedad fingida del Yeti de los derechos humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson.
No, HRW no es una banda de cholos, ni intenta derrocar al PRI (anticipándonos a las posibles reacciones de los políticos chihuahuenses). La organización está condenando una realidad que no se puede objetar.
Está pidiendo que “las autoridades federales de México” asuman de inmediato una investigación por la desaparición de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal.
Los ojos de los funcionarios de Human Rights Watch están puestos en la figura del flamante jefe de la Policía Municipal, el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola a quien le recuerdan su paso por Baja California.
De hecho, a la autoridad de esa entidad de la república mexicana, le solicita “una exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, actual jefe de policía de Ciudad Juárez”.
El documento, perfectamente bien redactado en Inglés y el Español, refiere el caso específico turnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, cuyos hechos se registraron el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuando cuatro civiles -Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22- fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua y ya no aparecen.
Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados.
"Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación".
Los familiares de las víctimas encontraron la camioneta pick-up abandonada el 27 de marzo, a la 1 a.m., en un túnel a varias millas de distancia del lugar donde habían sido detenidas. La matrícula del vehículo había sido quitada y las llaves se encontraban en el piso, dentro de la camioneta.
En declaraciones públicas, la Fiscalía General del Estado informó que está investigando el caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía. A su vez, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, señaló que ordenó al departamento de asuntos internos del ayuntamiento que investigara el caso. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a Human Rights Watch que los investigadores del estado no habían adoptado medidas enérgicas para recabar pruebas y aún no habían interrogado a todos los policías de las unidades mencionadas.
EL TIEMPO PASA
A diez días de la desaparición forzada, el departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero, dice el documento.
Lo delicado ha sido la postura del propio Leyzaola, que ante los medios de comunicación expresó que su basta experiencia lograría sacar la verdad sobre esta desaparición y pidió tiempo.
Aseguró que las ‘entrevistas’ a los miembros de los policías que han sido mencionados, se lograría conocer qué fue lo que ocurrió en la desaparición de los cuatro jóvenes, entre ellos dos ingenieros, dedicados a la venta de celulares.
Con una posición laxa y sin ninguna preocupación respondió también el alcalde Murguía, quien solicitó al Secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelus, un hombre con ‘autismo político’, que se encargara de atender a los familiares de las personas desaparecidas.
De allí viene la angustia, que entre el chacoteo y el laxismo y la falta de atención de la fiscalía, han pasado 10 días y nada se sabe de los jóvenes que fueron detenidos y, presuntamente plagiados, por los agentes de la policía municipales.
Dos agentes del grupo Delta, miembros de la escolta de Leyzaola, están siendo mencionados en la lista de ‘secuestradores’ y, hasta hoy, siguen trabajando, pero no al servicio del Secretario que inmediatamente tomó previsiones y decidió reforzar su grupo de vigilancia con gente más confiable.
Lo paradójico de este asunto, es que el famoso y siniestro Grupo Delta, lleva el nombre a consideración del alcalde, ya que es una de las denominaciones empresariales que forman parte del consorcio de Héctor Murguía.
El nombre no procede de esta administración sino de la ocasión en que Murguía fue alcalde; el grupo Delta fue el que encabezó la agresión y enfrentamiento contra una familia de empleados de maquiladora y ex militar, que concluyó con la muerte de un policía y tres miembros de esa familia.
GOBIERNOS A PRUEBA
Las respuestas que a partir de hoy se den a los medios de comunicación, marcarán la ruta exacta de lo que es el pensamiento y la concepción que de justicia tienen el gobernador del Estado, César
Duarte y el alcalde Héctor Murguía Lardizábal.
La cultura de la legalidad es eso: crear el andamiaje de la respuesta social y generar los espacios de justicia para que la gente crea que las cosas han cambiado. Que apliquen la ley.
Basta recordar que según varias víctimas entrevistadas por Human Rights Watch, Leyzaola habría tenido participación directa en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas.
En un informe difundido en agosto de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California llegó a una conclusión similar y determinó que cinco personas habían sido detenidas en forma arbitraria por policías que dependían de Leyzaola, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron e inventaron pruebas falsas en su contra. El informe señala que Leyzaola no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes.
El documento de HRW establece que Leyzaola renunció a su cargo como titular de seguridad pública en Baja California en febrero de 2011. En marzo, fue designado jefe de policía de Ciudad Juárez por el alcalde Murguía Lardizábal. "Estamos aportando a una persona que tiene la experiencia, que tiene la honestidad, que tiene la capacidad de aportar lo mejor de sí para que se combata la inseguridad en Juárez", declaró el alcalde durante el nombramiento de Leyzaola. Agregó además que Leyzaola era "un hombre que ha dado resultados".
Las acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general, señaló Human Rights Watch.
"Es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura", expresó Vivanco.
"Transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos".
¿DÓNDE ESTÁN?
Y a la verdad, que se vaya o no Leyzaola es secundario a la otra prioridad en este momento: ¿dónde están los cuatro jóvenes secuestrados por la policía municipal?
Esa prioridad debe de ser respondida en forma inmediata. No podemos escuchar el día de hoy la absurda versión de que los policías acusados del ‘levantón’ han huido y están excluidos de la acción de la justicia como suele suceder.
Imperdonable sería que el día de hoy, los gobernantes salgan con evasivas o con el absurdo de que la Contraloría de Asuntos Internos (del mismo municipio) no ha concluido la investigación o que, los métodos científicos de Leyzaola, están en proceso.
No podemos hoy escuchar que la vedete que pusieron como fiscal, Jorge González Nicolás o el cholo que nombraron como Fiscal General, Carlos Manuel Salas, digan que “se está investigando” y que se tienen ya “avances sustentables y firmes” (como dijeron con el caso Rubí y Marisela Escobedo).
La respuesta hoy, es qué ocurrió; qué participación tuvieron los policías municipales y quién ordenó el levantón.
Para vaguedades y absurdos, sintonizamos CNN Latinoamérica para saber lo que está declarando Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro.
Escriba a Rafael Navarro dirjua@prodigy.net.mx
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