Por Rafael Navarro Barrón
Está por venir -una vez más- el presidente de la república, Felipe Calderón. Si el programa oficial que se ha filtrado a los medios informativos no falla, llegará el próximo viernes 20 de diciembre (un día antes de que se acabe-virtualmente- el mundo) y, los juarenses, intentarán que se quede hasta el día 21 (el día que inicia el ‘Juicio Final’), para que presencie el despliegue militar y popular en el desfile conmemorativo de la Toma de Juárez.
Funcionarios federales de muy alto nivel han comentado, bajo la reserva del anonimato, una verdad inobjetable y que ha enfriado la participación de las secretarías de estado en el programa denominado Todos Somos Juárez.
El diagnóstico no es nada halagador pues desnuda a organizaciones de la sociedad civil, a dependencias municipales y estatales, y a la estructura priísta que utilizó los programas con fines totalmente políticos.
Líderes priístas, ahora contratados en oficinas estatales, se encargaron de repartir muchos de los fondos federales, entre ellos el conocido como PTE (PETUS) que es un programa temporal para personas de escasos recursos a los que pusieron a limpiar calles, escuelas, parques públicos a cambio de una cantidad definida por mes, siempre y cuando no faltaran a su empleo como peones del siglo pasado.
Lo que ha revelado una auditoría formal es que empleados de primer y segundo nivel de Centros Comunitarios en el trienio pasado, se embolsaron gran parte de estos recursos simulando apoyos a la población necesitada. En la lista de implicados está un ingeniero de apellido Campoy, propietario de un rancho en el Valle de Juárez donde se supone fueron a parar muchos de los estímulos de la pobreza y de donde salieron programas que fueron muy bien vendidos a la federación, como el de reforestación que fue un auténtico fracaso pues los ‘micropinos’ que regalaron a los colonos se secaron por las malas condiciones de producción.
Campoy es señalado como el responsable de realizar obras inexistentes o de presentar proyectos que fueron pagados por el municipio o el Estado y nuevamente cobrados a la federación. Las obras llevan la firma de quien en ese entonces era la jefa de Centros Comunitarios del Municipio.
En ese mismo orden, dice la investigación, el gobierno federal detectó la intervención del líder del Movimiento Territorial del PRI, César Tapia, ahora flamante funcionario del gobierno estatal.
De luchador social enfocado a exhibir los abusos en los cobros que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento pasó a ser representante regional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependencia donde lo tienen entretenido.
Tapia era el encargado de bajar los recursos del PTE a sus allegados, bajo un esquema ventajoso y ficticio de pagar la cuota de mil 500 pesos por simular trabajos de limpieza en las calles de la ciudad, mucho del dinero entregado por la federación quedó en los bolsillos de los implicados en la organización, pues simularon pagos a personas que prestaron su firma o, de plano, abandonaron los trabajos.
LA ESTRATEGIA DEL FRAUDE
Están muy bien definidas las estrategias que los ‘falsos luchadores sociales’ utilizaron para beneficiar a organizaciones de la sociedad civil que han aprovechado y hasta ‘mal utilizado’ los recursos del gobierno federal que se entregaron a manos llenas, sin analizar el origen de esas agrupaciones y el poco impacto que tienen en la sociedad.
El Compromiso 141 del Programa de rescate Todos Somos Juárez, en el apartado de ‘Apoyos a las organizaciones de la Sociedad Civil’, establece la necesidad de “incrementar el acceso a organizaciones no gubernamentales a los recursos del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social”.
Ese punto del Programa se interpretó desde un principio como la forma de acallar a los hambrientos luchadores sociales y guerrilleros de escritorio que se han convertido en críticos permanentes de los gobiernos. La federación detectó el problema y lo frenó a tiempo: los sentó a dialogar, les dio voz y foro (algo que los vuelve locos), los puso a trabajar en nimiedades y les dio dinero. Hoy, esas voces disidentes, comen de la mano del gobierno federal mostrando una docilidad enfermiza, vergonzosa.
Muchos de esos líderes sociales obtuvieron fondos de Indesol para la realización de estudios sociales ‘patito’ y recibieron apoyos para organizaciones que atienden a la sociedad desprotegida que son una mera ficción, un fraude.
Mención especial tiene en este entuerto la Iglesia Católica que como institución de fe utilizó el momento, a través de sus testaferros, para crear albergues, centros educativos y nuevas instituciones utilizando el nombre de Dios y el principio de la piedad como bandera de lucha.
La realidad es que el gobierno federal compró la conciencia de los curas rojillos que están incrustados en la iglesia católica y que han sido un dolor de cabeza para el obispo Renato Ascencio, pues hay una clara evidencia de que la figura de la máxima autoridad de la iglesia romana en Juárez, no es tomada en cuenta.
La reuniones secretas del clero opositor a don Renato se han convertido en actos de auténtica rebeldía. Para nadie es un secreto que se ha originado una falta total de entrega a las causas del evangelio que representan. Algunos de esos curas tienen paraje sentimental y beben con frecuencia, incluso se habla de alcoholismo y drogadicción entre los sacerdotes locales.
Los llamados curas de izquierda y aquellos que se mueven por su cuenta en la relación con políticos para llevar agua a su molino fueron escuchados en las mesas de trabajo y, al mismo tiempo, en las dependencias del gobierno federal.
Algunas de las obras que se han erigido a petición de sacerdotes y sus testaferros, son auténticos elefantes blancos o están a punto de convertirse en eso, ya que no tienen la infraestructura humana, ni recursos económicos para sostenerlos.
Una historia que ilustra lo anterior es el hospital Santa María, ahora administrado por una organización distinta a la iglesia católica.
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas hace unos años y en el evento, donde estuvo el obispo Renato Ascencio, se reconoció al sacerdote Aristeo Baca por ser el principal impulsor. En ese evento estuvieron empresarios de la localidad que apoyaron la obra y a la Fundación del Empresariado Chihuahuense AC, en aquel entonces dirigida por Pablo Cuarón Galindo, ex aspirante del PAN a la candidatura oficial al gobierno del Estado.
El Fechac es una organización que recibe fondos del gobierno estatal y de las empresas privadas.
El hospital tiene capacidad para atender a tres mil familias al mes, según la información propia y la mayoría de los pacientes que se atienden viven en el sur poniente de Ciudad Juárez, donde el 55% de la población no es derechohabiente a servicios de salud.
El nosocomio cuenta con tres quirófanos, laboratorios, servicios de monograma y ginecología así como varios consultorios, lo cual beneficia a más de once colonias de los alrededores.
La crónica de esa fecha establece que el Hospital Santa María SADEC, es una organización de la sociedad civil que ofrece servicios de salud como: Consulta médica general, consulta de especialidad, atención de urgencias las 24 hrs., hospitalización, cirugía, atención de parto, rayos X y ultra sonido y estudios de laboratorio.
El objetivo principal de este hospital es que no se pierda el espíritu de ayudar a la gente más necesitada con servicios de calidad, dignos y profesionales, al más bajo costo.
La verdad es que el Hospital Santa María se convirtió en el tiempo en el que lo administró la iglesia católica y su cura rebelde, Aristeo Baca, en una cuna de asaltantes, donde las trabajadoras sociales y las religiosas que funcionaban como enfermeras y administradoras, eran peores que Tomás de Torquemada. La supuesta atención a los pobres era solo una buena intención, un cliché.
Los enfermos y sus familias eran sometidos a persecuciones por falta de recursos económicos; los métodos de cobranza eran peor que los que utiliza Coppel y Mueblerías Villarreal.
Aristeo Baca es aquel cura ridículo que acudió, en 1991 a uno de los módulos del Instituto Federal Electoral a intentar darse de alta en el padrón de electores en una abierta violación a la ley, pues ante la falta de reforma a la ley electoral, un sacerdote estaba impedido para votar y para tener credencial de elector. Entonces encargado del templo de San Lorenzo, el cura fue obligado a irse a ‘estudiar’ a Roma donde envían a los sacerdotes rebeldes y torpes.
En la actualidad el hospital Santa María está en manos de una organización privada fundada en esta frontera por la señora Lupita Arizpe de De la Vega, que ha consolidado proyectos médicos-asistenciales de gran envergadura que operan al servicio de la población desprotegida.
EL TODO SOMOS JUAREZ
La Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense, que no tiene precedentes en el diseño e implementación de políticas públicas. La Estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizarán en la ciudad, la mayoría de las cuales mostrarán resultados concretos en menos de 100 días.
Lo anterior es parte del contenido de la página Todos Somos Juárez, que aparece en un sitio de Internet. Lo que la página no dice es que han sido pocos los programas que han logrado tener un impacto. Tampoco dicen los motivos que han originado el freno de la ayuda y la respuesta a los juarenses a través de ese proyecto gubernamental ‘sin precedente’, como lo presentaron en un inicio.
También evitan señalar que la mayoría de las inversiones que se han aplicado en los últimos días están supervisadas por personal que opera, de facto, como auditores permanentes, ante las dudas, sospechas y actos consumados.
LO QUE NO SE HA DICHO
Lo que el gobierno federal ha callado, como si fuera un vulgar cómplice de los actos de corrupción de los actores políticos y sociales, es para indignar a cualquiera.
De acuerdo a los informes proporcionados a este reportero, las irregularidades son las siguientes:
1- Simulación en cuanto a aplicación de recursos bajados a través del gobierno municipal en programas de empleo temporal y apoyos a Centros Comunitarios.
2- Los programas de Conarte y Redes-Arte son una ficción. Es evidente el desorden reflejado en esos programas, el robo de instrumentos y de equipo musical por falta de vigilancia en los lugares donde fueron confinados.
3- Se privilegiaron obras pagadas por el gobierno federal a zonas donde el PRI anda con baja votación y se olvidaron otras zonas que tienen necesidades extremas. Incluso se habla ya de un plan definido para impulsar candidaturas hacia esas zonas de la ciudad, aprovechando los rostros de los actores priístas que han estado manejando los programas sociales.
4- Se incluyeron obras que fueron realizadas con otros fondos y se ignora la ubicación del recurso.
5- Se encarecieron obras públicas pagadas por el gobierno federal por robo de material, amenazas y extorsión a los contratistas. Un ingeniero que construye el edificio de un Centro Comunitario fue secuestrado y se tuvo que pagar rescate.
¿ASI COMO?, SEÑOR CALDERÓN
Resulta irónico que se intente salvar a la población del lastre de la pobreza extrema con noticias que son lacerantes para el ánimo de la población. Hace unas horas se informó que la delegada de Leche Industrializada Conasupo, María Eugenia Campos Galván, renunció a su cargo en Chihuahua, luego de que una auditoría en Liconsa detectara irregularidades millonarias en la compra de leche a productores locales, razón por la cual fue llamada a colaborar en la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con fuentes de la Función Pública, la exfuncionaria presentó su renuncia a raíz de la auditoría practicada a Liconsa que detectó irregularidades, pero lo hizo a petición de la sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que coadyuvara con las investigaciones desde la SFP.
El pasado 1 de abril, luego de que se dieran a conocer irregularidades en Liconsa y el contrato que tiene con la deshidratadora Alchisa, la entonces delegada confirmó las quejas existentes y la investigación en curso por la compra de leche a los productores.
El caso es que se realizaron compras “fantasma” por más de 500 millones de pesos, pagadas a una empresa intermediaria dedicada a la deshidratación de leche, denunciada por productores locales por lucrar con los programas sociales de la paraestatal.
En las irregularidades se encuentran involucrados funcionarios federales de Leche Industrializada Conasupo SA de CV y la deshidratadora Industrias Lácteas de Chihuahua (Ilchisa), de acuerdo con los resultados preliminares de una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública.
La empresa intermediaria es la encargada de recibir unos 500 mil litros de leche al día, verificar su calidad y con base en ésta ordenar el pago a Liconsa, pero los productores pocas veces recibían los incentivos que otorga la paraestatal por el contenido de proteína y grasa en el líquido, aunque estos sí se cobraban.
De acuerdo con algunas observaciones contenidas en la auditoría, Liconsa no tuvo soporte documental de compras realizadas de producto, por lo cual se desconoce si se recibió o no leche para su proceso de deshidratación contemplado dentro del plan de abasto social de la dependencia.
Bajo estas condiciones sociales y gubernamentales, donde todo mundo roba, finge, mete la mano y obtiene un provecho, es muy difícil que prosperen los programas sociales vengan de donde vengan… entonces así ¿cuándo vamos a avanzar?
Escriba a Rafael Navarro dirjua@prodigy.net.mx
Artículos atrasados www.codigobering.blogspot.com
Está por venir -una vez más- el presidente de la república, Felipe Calderón. Si el programa oficial que se ha filtrado a los medios informativos no falla, llegará el próximo viernes 20 de diciembre (un día antes de que se acabe-virtualmente- el mundo) y, los juarenses, intentarán que se quede hasta el día 21 (el día que inicia el ‘Juicio Final’), para que presencie el despliegue militar y popular en el desfile conmemorativo de la Toma de Juárez.
Funcionarios federales de muy alto nivel han comentado, bajo la reserva del anonimato, una verdad inobjetable y que ha enfriado la participación de las secretarías de estado en el programa denominado Todos Somos Juárez.
El diagnóstico no es nada halagador pues desnuda a organizaciones de la sociedad civil, a dependencias municipales y estatales, y a la estructura priísta que utilizó los programas con fines totalmente políticos.
Líderes priístas, ahora contratados en oficinas estatales, se encargaron de repartir muchos de los fondos federales, entre ellos el conocido como PTE (PETUS) que es un programa temporal para personas de escasos recursos a los que pusieron a limpiar calles, escuelas, parques públicos a cambio de una cantidad definida por mes, siempre y cuando no faltaran a su empleo como peones del siglo pasado.
Lo que ha revelado una auditoría formal es que empleados de primer y segundo nivel de Centros Comunitarios en el trienio pasado, se embolsaron gran parte de estos recursos simulando apoyos a la población necesitada. En la lista de implicados está un ingeniero de apellido Campoy, propietario de un rancho en el Valle de Juárez donde se supone fueron a parar muchos de los estímulos de la pobreza y de donde salieron programas que fueron muy bien vendidos a la federación, como el de reforestación que fue un auténtico fracaso pues los ‘micropinos’ que regalaron a los colonos se secaron por las malas condiciones de producción.
Campoy es señalado como el responsable de realizar obras inexistentes o de presentar proyectos que fueron pagados por el municipio o el Estado y nuevamente cobrados a la federación. Las obras llevan la firma de quien en ese entonces era la jefa de Centros Comunitarios del Municipio.
En ese mismo orden, dice la investigación, el gobierno federal detectó la intervención del líder del Movimiento Territorial del PRI, César Tapia, ahora flamante funcionario del gobierno estatal.
De luchador social enfocado a exhibir los abusos en los cobros que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento pasó a ser representante regional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependencia donde lo tienen entretenido.
Tapia era el encargado de bajar los recursos del PTE a sus allegados, bajo un esquema ventajoso y ficticio de pagar la cuota de mil 500 pesos por simular trabajos de limpieza en las calles de la ciudad, mucho del dinero entregado por la federación quedó en los bolsillos de los implicados en la organización, pues simularon pagos a personas que prestaron su firma o, de plano, abandonaron los trabajos.
LA ESTRATEGIA DEL FRAUDE
Están muy bien definidas las estrategias que los ‘falsos luchadores sociales’ utilizaron para beneficiar a organizaciones de la sociedad civil que han aprovechado y hasta ‘mal utilizado’ los recursos del gobierno federal que se entregaron a manos llenas, sin analizar el origen de esas agrupaciones y el poco impacto que tienen en la sociedad.
El Compromiso 141 del Programa de rescate Todos Somos Juárez, en el apartado de ‘Apoyos a las organizaciones de la Sociedad Civil’, establece la necesidad de “incrementar el acceso a organizaciones no gubernamentales a los recursos del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social”.
Ese punto del Programa se interpretó desde un principio como la forma de acallar a los hambrientos luchadores sociales y guerrilleros de escritorio que se han convertido en críticos permanentes de los gobiernos. La federación detectó el problema y lo frenó a tiempo: los sentó a dialogar, les dio voz y foro (algo que los vuelve locos), los puso a trabajar en nimiedades y les dio dinero. Hoy, esas voces disidentes, comen de la mano del gobierno federal mostrando una docilidad enfermiza, vergonzosa.
Muchos de esos líderes sociales obtuvieron fondos de Indesol para la realización de estudios sociales ‘patito’ y recibieron apoyos para organizaciones que atienden a la sociedad desprotegida que son una mera ficción, un fraude.
Mención especial tiene en este entuerto la Iglesia Católica que como institución de fe utilizó el momento, a través de sus testaferros, para crear albergues, centros educativos y nuevas instituciones utilizando el nombre de Dios y el principio de la piedad como bandera de lucha.
La realidad es que el gobierno federal compró la conciencia de los curas rojillos que están incrustados en la iglesia católica y que han sido un dolor de cabeza para el obispo Renato Ascencio, pues hay una clara evidencia de que la figura de la máxima autoridad de la iglesia romana en Juárez, no es tomada en cuenta.
La reuniones secretas del clero opositor a don Renato se han convertido en actos de auténtica rebeldía. Para nadie es un secreto que se ha originado una falta total de entrega a las causas del evangelio que representan. Algunos de esos curas tienen paraje sentimental y beben con frecuencia, incluso se habla de alcoholismo y drogadicción entre los sacerdotes locales.
Los llamados curas de izquierda y aquellos que se mueven por su cuenta en la relación con políticos para llevar agua a su molino fueron escuchados en las mesas de trabajo y, al mismo tiempo, en las dependencias del gobierno federal.
Algunas de las obras que se han erigido a petición de sacerdotes y sus testaferros, son auténticos elefantes blancos o están a punto de convertirse en eso, ya que no tienen la infraestructura humana, ni recursos económicos para sostenerlos.
Una historia que ilustra lo anterior es el hospital Santa María, ahora administrado por una organización distinta a la iglesia católica.
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas hace unos años y en el evento, donde estuvo el obispo Renato Ascencio, se reconoció al sacerdote Aristeo Baca por ser el principal impulsor. En ese evento estuvieron empresarios de la localidad que apoyaron la obra y a la Fundación del Empresariado Chihuahuense AC, en aquel entonces dirigida por Pablo Cuarón Galindo, ex aspirante del PAN a la candidatura oficial al gobierno del Estado.
El Fechac es una organización que recibe fondos del gobierno estatal y de las empresas privadas.
El hospital tiene capacidad para atender a tres mil familias al mes, según la información propia y la mayoría de los pacientes que se atienden viven en el sur poniente de Ciudad Juárez, donde el 55% de la población no es derechohabiente a servicios de salud.
El nosocomio cuenta con tres quirófanos, laboratorios, servicios de monograma y ginecología así como varios consultorios, lo cual beneficia a más de once colonias de los alrededores.
La crónica de esa fecha establece que el Hospital Santa María SADEC, es una organización de la sociedad civil que ofrece servicios de salud como: Consulta médica general, consulta de especialidad, atención de urgencias las 24 hrs., hospitalización, cirugía, atención de parto, rayos X y ultra sonido y estudios de laboratorio.
El objetivo principal de este hospital es que no se pierda el espíritu de ayudar a la gente más necesitada con servicios de calidad, dignos y profesionales, al más bajo costo.
La verdad es que el Hospital Santa María se convirtió en el tiempo en el que lo administró la iglesia católica y su cura rebelde, Aristeo Baca, en una cuna de asaltantes, donde las trabajadoras sociales y las religiosas que funcionaban como enfermeras y administradoras, eran peores que Tomás de Torquemada. La supuesta atención a los pobres era solo una buena intención, un cliché.
Los enfermos y sus familias eran sometidos a persecuciones por falta de recursos económicos; los métodos de cobranza eran peor que los que utiliza Coppel y Mueblerías Villarreal.
Aristeo Baca es aquel cura ridículo que acudió, en 1991 a uno de los módulos del Instituto Federal Electoral a intentar darse de alta en el padrón de electores en una abierta violación a la ley, pues ante la falta de reforma a la ley electoral, un sacerdote estaba impedido para votar y para tener credencial de elector. Entonces encargado del templo de San Lorenzo, el cura fue obligado a irse a ‘estudiar’ a Roma donde envían a los sacerdotes rebeldes y torpes.
En la actualidad el hospital Santa María está en manos de una organización privada fundada en esta frontera por la señora Lupita Arizpe de De la Vega, que ha consolidado proyectos médicos-asistenciales de gran envergadura que operan al servicio de la población desprotegida.
EL TODO SOMOS JUAREZ
La Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense, que no tiene precedentes en el diseño e implementación de políticas públicas. La Estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizarán en la ciudad, la mayoría de las cuales mostrarán resultados concretos en menos de 100 días.
Lo anterior es parte del contenido de la página Todos Somos Juárez, que aparece en un sitio de Internet. Lo que la página no dice es que han sido pocos los programas que han logrado tener un impacto. Tampoco dicen los motivos que han originado el freno de la ayuda y la respuesta a los juarenses a través de ese proyecto gubernamental ‘sin precedente’, como lo presentaron en un inicio.
También evitan señalar que la mayoría de las inversiones que se han aplicado en los últimos días están supervisadas por personal que opera, de facto, como auditores permanentes, ante las dudas, sospechas y actos consumados.
LO QUE NO SE HA DICHO
Lo que el gobierno federal ha callado, como si fuera un vulgar cómplice de los actos de corrupción de los actores políticos y sociales, es para indignar a cualquiera.
De acuerdo a los informes proporcionados a este reportero, las irregularidades son las siguientes:
1- Simulación en cuanto a aplicación de recursos bajados a través del gobierno municipal en programas de empleo temporal y apoyos a Centros Comunitarios.
2- Los programas de Conarte y Redes-Arte son una ficción. Es evidente el desorden reflejado en esos programas, el robo de instrumentos y de equipo musical por falta de vigilancia en los lugares donde fueron confinados.
3- Se privilegiaron obras pagadas por el gobierno federal a zonas donde el PRI anda con baja votación y se olvidaron otras zonas que tienen necesidades extremas. Incluso se habla ya de un plan definido para impulsar candidaturas hacia esas zonas de la ciudad, aprovechando los rostros de los actores priístas que han estado manejando los programas sociales.
4- Se incluyeron obras que fueron realizadas con otros fondos y se ignora la ubicación del recurso.
5- Se encarecieron obras públicas pagadas por el gobierno federal por robo de material, amenazas y extorsión a los contratistas. Un ingeniero que construye el edificio de un Centro Comunitario fue secuestrado y se tuvo que pagar rescate.
¿ASI COMO?, SEÑOR CALDERÓN
Resulta irónico que se intente salvar a la población del lastre de la pobreza extrema con noticias que son lacerantes para el ánimo de la población. Hace unas horas se informó que la delegada de Leche Industrializada Conasupo, María Eugenia Campos Galván, renunció a su cargo en Chihuahua, luego de que una auditoría en Liconsa detectara irregularidades millonarias en la compra de leche a productores locales, razón por la cual fue llamada a colaborar en la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con fuentes de la Función Pública, la exfuncionaria presentó su renuncia a raíz de la auditoría practicada a Liconsa que detectó irregularidades, pero lo hizo a petición de la sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que coadyuvara con las investigaciones desde la SFP.
El pasado 1 de abril, luego de que se dieran a conocer irregularidades en Liconsa y el contrato que tiene con la deshidratadora Alchisa, la entonces delegada confirmó las quejas existentes y la investigación en curso por la compra de leche a los productores.
El caso es que se realizaron compras “fantasma” por más de 500 millones de pesos, pagadas a una empresa intermediaria dedicada a la deshidratación de leche, denunciada por productores locales por lucrar con los programas sociales de la paraestatal.
En las irregularidades se encuentran involucrados funcionarios federales de Leche Industrializada Conasupo SA de CV y la deshidratadora Industrias Lácteas de Chihuahua (Ilchisa), de acuerdo con los resultados preliminares de una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública.
La empresa intermediaria es la encargada de recibir unos 500 mil litros de leche al día, verificar su calidad y con base en ésta ordenar el pago a Liconsa, pero los productores pocas veces recibían los incentivos que otorga la paraestatal por el contenido de proteína y grasa en el líquido, aunque estos sí se cobraban.
De acuerdo con algunas observaciones contenidas en la auditoría, Liconsa no tuvo soporte documental de compras realizadas de producto, por lo cual se desconoce si se recibió o no leche para su proceso de deshidratación contemplado dentro del plan de abasto social de la dependencia.
Bajo estas condiciones sociales y gubernamentales, donde todo mundo roba, finge, mete la mano y obtiene un provecho, es muy difícil que prosperen los programas sociales vengan de donde vengan… entonces así ¿cuándo vamos a avanzar?
Escriba a Rafael Navarro dirjua@prodigy.net.mx
Artículos atrasados www.codigobering.blogspot.com
Comentarios
Publicar un comentario